Grave repetición de casos de coima en los agentes fiscales

En un rápido conteo, en los últimos cinco años hubo por lo menos trece representantes de la sociedad que fueron detenidos o acusados por pedir dinero para mediar o desestimar algún caso que investigaban.

Por lo menos trece fiscales fueron detenidos o investigados por hechos de corrupción en los últimos cinco años. El último caso, que desnuda una peligrosa repetición, corresponde al fiscal de Lambaré, Ismael Brítez, actualmente con reclusión domiciliaria.
El Ministerio Público, a partir de la vigencia del nuevo Código Procesal Penal, cambió de función y pasó a ser una pieza clave en la justicia penal. Como consecuencia de la nueva legislación, ahora tiene la potestad de investigar los hechos punibles.
Justamente por este cambio de función, y del monopolio de la acción penal pública, sus dictámenes pasan a ser palabra santa cuando el fiscal general del Estado confirma un pedido de desestimación, sobreseimiento definitivo, u otra forma de salida del proceso. Los jueces no tienen otra alternativa que resolver según el requerimiento.
De ahí que fueron varios los casos en que agentes del Ministerio Público se vieron envueltos en hechos de corrupción. Desde robos de evidencias en los casos que investigaban, pedidos de libertad, levantamientos de capturas, así como dictámenes de desestimación o sobreseimientos. Varios fueron los motivos por los que los agentes requirieron dinero para dictaminar a "favor".
Esto, sin embargo, también movilizó al entonces fiscal general del Estado, Óscar Latorre, a crear una Unidad Anticorrupción, para tratar de sanearse no solo internamente, sino también a cualquier tipo de funcionario público metido en hechos de esta naturaleza.
FILMADO. El último de los hechos descubiertos involucra al fiscal Ismael Brítez, de Lambaré. El mismo requirió 10 millones de guaraníes para pedir medidas alternativas a favor de David Báez, un imputado por un caso de robo y cómplice de homicidio doloso.
La investigación corrió a cargo de su colega Victoria Acuña, quien le imputó por cohecho pasivo agravado (coima). Actualmente guarda reclusión domiciliaria. Su compadre se halla procesado por extorsión. Ahora, es el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados el que debe sacarle los fueros para que continúe el proceso.
OTROS MÁS. Sin embargo, Brítez es solo otro más de los varios hechos ya descubiertos paradójicamente por sus propios colegas del Ministerio Público. Es más, es la única institución que se "autosanea", teniendo en cuenta que son fiscales los que echan a fiscales.
Encabeza la lista de agentes sorprendidos el fiscal de Filadelfia Gustavo Patiño, quien cayó junto con un defensor público tras recibir 5 mil dólares de coima para mediar en un juicio oral a un narcotraficante. Aquella vez, el caso fue investigado por el fiscal adjunto Marco Antonio Alcaraz.
Le siguió Carolina Bogado, quien hace poco fue condenada por el robo de evidencias. Otro fiscal, Luis Grance, incluso fue herido de bala en la persecución. Entre los sorprendidos está el fiscal Francisco Quintana, que fue condenado luego en un proceso abreviado.
En la lista aparecen Yamil Marecos, Delio González, Miguel Ángel Jara Servián, María del Carmen Pedretti, entre otros. Los casos se repitieron bastante. Uno de los más sonados fue el presuntamente hecho por Juan Claudio Gaona, cuyo caso aún sigue bastante peleado.
De los trece contabilizados, solo dos son de la capital, y el resto son fiscales del interior. Quizás, el inmenso poder con que cuentan ahora les haga más débiles ante las tentaciones.
CUENTAN CON LOS MISMOS REQUISITOS QUE LOS JUECES
Según el artículo 270 de la Constitución Nacional, los agentes fiscales son designados en la misma forma que los jueces. Duran cinco años en sus funciones y son removidos por iguales procedimientos; es decir, por un proceso ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
La institución es encabezada por el fiscal general del Estado, quien según el artículo 269 de la Carta Magna, "tiene inamovilidad. Dura cinco años en sus funciones y puede ser reelecto. Es nombrado por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, a propuesta en terna del Consejo de la Magistratura".
Sin embargo, pese a que la Constitución Nacional los iguala con los jueces para ser electos, y hasta en la forma de ser removidos de sus cargos, la Corte Suprema de Justicia aún no los reconoce como magistrados.
Justamente, el año pasado, cuando habían estudiado los pedidos de declaración de inamovilidad de los jueces y camaristas, los ministros aclararon que los años en que los mismos fueron fiscales no se tenían en cuenta a los efectos de esta declaración. No obstante, los fiscales son socios de la Asociación de Magistrados Judiciales.
El modo de selección es muy cuestionado, teniendo en cuenta que los políticos integran el Consejo de la Magistratura, que eleva las ternas a la Corte para que sean electos los fiscales. El fiscal general del Estado ni siquiera tiene voto en esto.